Superintendencia participó en veeduría ciudadana para vigilar el debido cumplimiento de la normativa relacionada con la disolución, cancelación de entidades sujetas a su control


Supercías participó el jueves 25 de marzo en la reunión para revisión del informe final de la veeduría ciudadana orientada a vigilar el debido cumplimiento de la normativa relacionada con la disolución, cancelación de entidades sujetas a su control.

El Abg. Víctor Anchundia Places, superintendente de Compañías, Valores y Seguros;  Abg. Denisse Ortega Saavedra, directora nacional de Actos Societarios y Disolución; y  Abg. Lorena Barcia Fierro, especialista Jurídico Societario, participaron en el encuentro virtual que se realizó con el fin de presentar conclusiones y recomendaciones a la información, criterios técnicos y estadísticos proporcionados por esta Superintendencia y el Servicio de Rentas Internas; luego de que el mecanismo de control solicitara dichos datos a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el marco de su auditoria social a los procesos de liquidación y cancelación de compañías.

De la información obtenida de la Superintendencia así como del SRI, la veeduría realizó un cruce de información y análisis técnico para verificar la correcta aplicación de la normativa y si existe un proceso eficaz y eficiente de control sobre las compañías domiciliadas en las provincias de Guayas y Santa Elena. En forma de muestreo se tomaron  a 100 compañías del listado proporcionado por las entidades.

Con respecto a la protección de los derechos de los trabajadores, la auditoría se centró en recomendar que los liquidadores hagan buen uso de los activos de las compañías y que tengan probidad notoria para el adecuado manejo operativo administrativo y financiero, teniendo como prioridad las obligaciones con el personal que labora en las sociedades.

Una de las conclusiones a las que se llegó fue que es necesario detectar a tiempo las actividades de las compañías fantasmas que puedan estar ejerciendo facturación fraudulenta en perjuicio del Estado. Debe existir espacios técnicos que se involucre a la ciudadanía, convenios por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y el Servicio de Rentas Internas para cruzar información y cancelar a estas compañías fantasmas.

Durante su intervención, el Señor Superintendente comentó estar de acuerdo con que se realicen mesas de trabajo interinstitucionales para socializar con la veeduría sobre la eficacia de los procesos de control ejercidos y en las que se acepten propuestas ciudadanas a estas metodologías, esto permitirá también mejorar la normativa que será de ayuda para todas las instituciones. “La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, controla el ámbito societario, no el tributario, ni laboral, he ahí nuevamente lo importante que es que interactúen las instituciones, que no deben ser islas, deben cruzar la información”, enfatizó la autoridad.

El  Abg. Víctor Anchundia señaló que el marco jurídico se encuentra estructurado de tal forma que busca apoyar al empresario. Comentó que hace un año se implementó la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S., las cuales se crean a través de un trámite simplificado que demora pocos días, luego se realiza un control posterior para verificar que la compañía se encuentre funcionando. Explicó que el problema de las compañías fantasmas, está en la emisión de las facturas por lo que es necesario incorporar a las mesas de trabajo a las entidades encargadas del control tributario.

El Superintendente explicó que el proceso de disolución tiene 3 fuentes importantes, como es la disolución voluntaria, cuyos accionistas tomaron la decisión de disolverla, en este caso tienen el control privado; las disoluciones que son a consecuencia de una infracción, cuando la autoridad, los jueces en cumplimiento de sus propias Leyes determina que la compañía no debe seguir. En este caso la entidad de control designa a un tercero imparcial para que sea liquidador. Y la última es la disolución de oficio cuando ha incumplido una disposición legal, como el de no presentar balances, estados financieros, cuando no hay accionistas, no hay liquidador.

Con la realización de  este tipo de actividades de vigilancia ciudadana se motiva a que las instituciones que forman parte de la  Función de Transparencia y Control Social, interactúen en forma adecuada, transversal y generen procesos efectivos dentro de sus competencias.