SAS en Ecuador


Por: Aurelio Gurrea Martínez
Profesor de Derecho de sociedades, regulación financiera y Derecho concursal en la Singapore Management University 
Director del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas
 
El Derecho no solo constituye un instrumento de tutela de los derechos y libertades de los ciudadanos, sino también un poderoso mecanismo para promover o, en su caso, impedir el progreso, la innovación, el crecimiento económico y los avances sociales. A modo de ejemplo, sin la responsabilidad limitada de las sociedades, que permite que los accionistas que inviertan en una compañía no respondan personalmente por las deudas sociales, difícilmente se habrían conseguido aglutinar las grandes cifras de capital que favorecieron la Revolución Industrial, o que en la actualidad permiten la expansión y financiación de empresas, con la consecuente generación de trabajo, riqueza y bienestar social. 

Sin embargo, para que el Derecho pueda contribuir al crecimiento económico y los avances sociales, resulta necesario que continuamente se cuestione la deseabilidad de la legislación vigente, y se piensen en nuevas formas, normas, figuras jurídicas o modelos regulatorios que pretendan dar respuesta, de una manera más eficiente y garantista, a los desafíos económicos y sociales. Es en este contexto cuando se hacen imprescindibles innovaciones jurídicas como la SAS.

En este sentido, la SAS resulta innovadora por romper viejos paradigmas de los tipos societarios tradicionales, tales como el recelo del legislador a la autonomía de la voluntad de las partes incluso en cuestiones de mera organización interna, o la existencia de una serie de requisitos para la constitución y puesta en funcionamiento de sociedades que no resultan necesarios o efectivos para la protección de terceros y, sin embargo, elevan los costes de acceso y uso de la forma societaria. En consecuencia, la existencia de estos viejos paradigmas han perjudicado tradicionalmente el emprendimiento, la innovación, la competitividad y financiación de empresas, y el propio tránsito de muchos empresarios a la economía formal. Por tanto, la SAS constituye un claro ejemplo de esas innovaciones jurídicas que, por su potencial generador de riqueza y trabajo, tienen la capacidad de mejorar el bienestar de los ciudadanos. De ahí que, esperemos, ese elogiable ejercicio de innovación jurídica realizado en Ecuador sea replicado en otros países de la región.